La Conselleria de Justicia regula los criterios para incrementar las compensaciones a peritos en casos judiciales de especial complejidad

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha emitido una resolución que establece las instrucciones para aplicar el artículo 9 de la Orden 1/2023, de 31 de enero, que regula el procedimiento de asistencia pericial en los procesos judiciales de justicia gratuita. Esta medida tiene como objetivo definir las condiciones y los criterios para autorizar incrementos en las compensaciones económicas a los peritos en casos excepcionales que requieran un esfuerzo técnico o logístico considerable.

Incrementos en casos excepcionales

El artículo 9 de la orden permite que, en situaciones de especial complejidad, se pueda superar el importe económico establecido en los baremos oficiales. La resolución establece tres circunstancias bajo las cuales se pueden autorizar estos incrementos:

• Elevado volumen o complejidad técnica: Cuando el dictamen pericial implique la valoración de más de cuatro objetos, tres personas o supere las 20 páginas en materias especialmente complejas, se podrá incrementar un 4% la compensación.
• Uso de medios no habituales: Si el informe requiere equipamiento técnico excepcional, como maquinaria especializada, material de laboratorio o herramientas informáticas avanzadas, se podrá autorizar un incremento del 20%.
• Intervención de varios profesionales: Si el dictamen requiere la participación conjunta de al menos dos profesionales con titulaciones distintas, como psicología y trabajo social, se podrá aplicar un incremento de hasta un 10%.

En todos los casos, será obligatorio justificar debidamente la necesidad del incremento y aportar la documentación que respalde la solicitud.

Límites de los incrementos

Los importes adicionales estarán limitados a un máximo del 40% sobre los baremos previstos, tal y como se recoge en la normativa. Además, cualquier solicitud deberá ser aprobada mediante resolución motivada por el órgano competente en materia de justicia.

Entrada en vigor y alcance

Esta nueva regulación entra en vigor de manera inmediata y busca garantizar que los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal puedan contar con un apoyo técnico adecuado en procesos complejos, optimizando al mismo tiempo el uso de los recursos públicos.